¿Te has detenido a pensar qué tienen en común el Frente de Liberación Homosexual, la Federación Argentina LGBT y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo? Todas son organizaciones que forman parte de la trayectoria histórica de los derechos LGBTQIA+ en Argentina, considerada una nación pionera en el reconocimiento civil y jurídico de las demandas de esta comunidad.
Entre leyes de igualdad que se han convertido en referencia mundial y retrocesos políticos que pueden amenazar los avances alcanzados, el movimiento LGBTQIA+ argentino se caracteriza por diversas particularidades. Para entender más sobre el pasado, presente y futuro de este tema, sigue leyendo este artículo con Politize!.
Primeras manifestaciones y movimientos sociales
Al igual que en otras partes del mundo, existen registros de manifestaciones LGBTQIA+ en territorio argentino desde los inicios de la historia del país. Investigadores creen que los mapuches, pueblo indígena que hoy ocupa desde el centro-sur de Chile hasta el suroeste de Argentina, se establecieron en la región entre el 600 y el 500 a.C.
Los nativos siempre valoraron la igualdad entre hombres y mujeres, rechazando ideas preconcebidas sobre género e identidad sexual, conceptos definidos de manera más rígida por la cultura de los colonizadores europeos.
Sin embargo, las movilizaciones sociales y políticas que encenderían debates públicos y llevarían a las primeras conquistas de la comunidad LGBTQIA+ surgirían siglos más tarde. En Argentina, el movimiento comenzó a tomar forma a finales de la década de 1960 con la creación del grupo de trabajadores Nuestro Mundo.
Reconocido como la primera organización de América Latina constituida bajo una orientación abiertamente homosexual, el grupo se destacó por la producción de boletines informativos dirigidos a los medios de comunicación locales. En general, las acciones contenían visiones provocadoras y no estigmatizantes sobre la población LGBTQIA+.
En 1971, dos años antes de la simbólica revuelta de Stonewall, el grupo se reorganizó dando lugar al Frente de Liberación Homosexual (FLH). Durante la misma década, los miembros, asociados entonces al ala izquierda del Peronismo, comenzaron a participar en marchas, protestas y grupos de estudio, así como a desarrollar alianzas con grupos feministas y LGBTQIA+, incluidos aquellos del extranjero. La ampliación de la red de contactos permitió la publicación de “Somos”, la primera revista homosexual de América Latina, entre 1973 y 1976.
Después de la instalación de la dictadura militar argentina, el FLH enfrentó persecuciones y ataques del grupo de extrema derecha Alianza Anticomunista Argentina y del exjefe de policía Luis Margaride, nombrado represor oficial del régimen. Dada la intensidad de las ofensivas, el FLH se autodisolvió en 1976, decidiendo operar en el exilio.
Con el regreso de la democracia, a partir de 1983, algunos exmilitantes del grupo regresaron a la escena y fundaron la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Inicialmente, su enfoque estaba en combatir la violencia policial e institucional y en aumentar la visibilidad de las reivindicaciones LGBTQIA+.
En la década de 1990, al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminaba la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, la CHA obtuvo autorización legal para funcionar como entidad civil y alcanzó mayor visibilidad nacional.
Aunque la democracia ya estaba vigente, bajo el gobierno de Carlos Menem, la comunidad LGBTQIA+ aún enfrentaba el temor de represiones policiales, lo que motivó una baja participación en la primera Marcha del Orgullo de Argentina en 1992.
Al año siguiente, la CHA inició una campaña para presionar a figuras políticas argentinas a declarar su postura sobre la diversidad sexual, acción que se repite antes de cada elección realizada en el país hasta hoy.
Buenos Aires fue sede de algunos de los avances más importantes del período. En 1996, la Asamblea Constituyente clasificó la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género como una “excusa inaceptable”. Dos años después, el distrito abolió los decretos policiales anti-LGBTQIA+.
También durante la década de 1990, algunas organizaciones centradas en principios de diversidad sexual se extendieron por toda Argentina. Así se consolidó un movimiento heterogéneo compuesto por los llamados “brazos de diversidad” de determinados partidos políticos junto con colectivos LGBTQIA+.
El impacto de los gobiernos democráticos en los derechos LGBTQIA+
En la segunda mitad del siglo XX, varios países de América Latina se convirtieron en dictaduras militares y, consecuentemente, en escenarios de prácticas de persecución, censura y tortura legitimadas por instrumentos políticos y jurídicos. Aunque Argentina vivió diferentes períodos bajo gobiernos militares, los años de 1976 a 1983 fueron particularmente sangrientos y desastrosos.
Los principales objetivos del autoritarismo entonces vigente en el país eran disidentes políticos, sindicalistas y activistas de derechos humanos, grupos que también incluían miembros de la comunidad LGBTQIA+.
Tras las medidas de reestructuración promovidas por la redemocratización, el inicio del siglo XXI trajo consigo el giro progresista de la “ola rosa”, fase histórica en la que varias naciones latinoamericanas eligieron líderes frecuentemente asociados a la izquierda/centro-izquierda dispuestos a promover políticas de inclusión y respeto por los derechos humanos.
Ejemplos de esto son los gobiernos de Lula en Brasil (2003-2011), Evo Morales en Bolivia (2006-2019) y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2003-2015).
Cabe recordar que las demandas por derechos de la población LGBTQIA+ tuvieron sus orígenes en la sociedad civil, impulsadas por movimientos sociales en conjunto con aliados del sistema político. En Argentina, activistas trabajaron de cerca con jueces, legisladores, periodistas, académicos, psicoanalistas, artistas e incluso algunos líderes religiosos.
Esta colaboración fue fundamental para ampliar un consenso social en torno a los temas LGBTQIA+ y facilitar la tramitación de proyectos de ley en favor de la comunidad. Otro factor relevante es la clara separación entre instituciones religiosas y políticas en el país. Además, la influencia social de la religión se distribuye de manera diferente en el territorio argentino, siendo menor entre los habitantes de grandes ciudades, que representan la mitad de la población argentina.
Según una encuesta de 2011 realizada por el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Trabajo (CEIL), las opiniones del católico promedio en Argentina difieren ampliamente de las posturas oficiales de la Iglesia en temas como el aborto, la educación sexual en las escuelas y el uso de preservativos.
Principales logros de la comunidad LGBTQIA+ en Argentina
La aprobación del matrimonio igualitario en 2010
En 2007, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) inició una campaña por el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, declarando la inconstitucionalidad de dos normas del Código Civil que reconocían la posibilidad legal de matrimonio únicamente entre personas de sexos opuestos.
El caso que impulsó la visibilidad mediática de la acción fue protagonizado por María Rachid, entonces presidenta de la entidad, y la activista Claudia Castro, quienes vieron rechazada su solicitud de matrimonio en el registro civil de Buenos Aires.
Las reivindicaciones llevaron a la creación de la Frente Parlamentaria por los Derechos Sexuales, grupo de legisladores de todos los partidos argentinos. En 2009, mientras los esfuerzos políticos y sociales impulsaban el debate, la 18ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTQIA+ reunió a miles de personas en la capital argentina.
Con la aprobación del proyecto de ley por la Cámara en 2010, el Senado comenzó a realizar audiencias públicas en varias provincias del país con representantes de organizaciones favorables y contrarias a la propuesta.
En las reuniones, la oposición más severa al matrimonio igualitario se expresó por parte de miembros de las Iglesias Católica y Evangélica, que consideraban la homosexualidad como “opuesta a la naturaleza” y “ajena a las raíces de la cultura argentina”.
Como en otros momentos de la historia mundial, el posicionamiento de líderes locales influyó en el curso del proyecto. El expresidente Néstor Kirchner y la entonces presidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, apoyaron la aprobación del cambio legal e incentivaron al país a “dejar atrás todas las visiones oscurantistas y discriminatorias”.
El 16 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Tras 14 horas de debate entre los parlamentarios, también se reconocieron otros derechos jurídicos y sociales para las parejas LGBTQIA+, como la posibilidad de adoptar niños, recibir pensiones, pagar impuestos y solicitar créditos bancarios.
La Ley de Identidad de Género de 2012
El proceso que llevó al reconocimiento legal del derecho a la identidad de género también comenzó con manifestaciones de entidades locales. Diversas organizaciones propusieron debates sobre los altos niveles de marginalización y discriminación que experimentaba la población trans, que a menudo encontraba en la prostitución su única fuente de ingresos y, hasta entonces, tenía una expectativa de vida de 35 años.
Estos grupos también alertaron sobre la necesidad de implementar políticas públicas que garantizaran acceso a la salud, educación y empleo para las personas travestis, transgénero y transexuales. Ya en 2008, un estudio de la consultora Analogías detectó que el 66,6% de los residentes de las principales ciudades de Argentina estaban a favor de que las personas trans pudieran cambiar sus nombres en los documentos de identidad.
Tres años después, las universidades públicas de todo el país comenzaron a validar la autopercepción de género dentro del ámbito académico, mientras que el Ministro de Salud de Buenos Aires exigió que los hospitales públicos de la provincia atendieran a los pacientes respetando su nombre elegido.
Estas movilizaciones, sumadas a muchas otras, culminaron el 9 de mayo de 2012 con la aprobación, con amplio apoyo, de la Ley de Identidad de Género. Esta norma garantiza que todo ciudadano argentino pueda cambiar el nombre y el sexo registrados en el registro civil cuando estos no coincidan con su identidad de género autopercibida.
El proceso es gratuito y no requiere de ningún trámite judicial, pudiendo ser realizado también por menores de edad. Incluso si el cambio no es inmediato o si la persona decide no modificar sus documentos, la ley establece que la identidad de género adoptada por las personas nunca podrá ser limitada, restringida, excluida ni suprimida.
Asimismo, según la ley, la red pública hospitalaria y las obras sociales privadas tienen la obligación de cubrir tratamientos hormonales y la realización de intervenciones quirúrgicas totales o parciales.
El documento sufrió una modificación en 2021, y ahora también permite que las personas no binarias puedan optar por marcar una X en la clasificación de género en los documentos nacionales de identidad.
Otros hitos legislativos nacionales
La ley federal de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, instituida en 2009, establece la prohibición de la discriminación basada en criterios de orientación sexual en el acceso a la salud. Por su parte, el artículo 80 del Código Penal argentino prevé el agravamiento de las penas en casos de homicidios motivados por odio hacia la orientación sexual de las víctimas.
En 2021 también entró en vigor la ley que garantiza una cuota mínima del 1% de los cargos públicos para personas travestis, transexuales y transgénero. El texto también prevé incentivos para empresas del sector privado que ofrezcan el mismo porcentaje de vacantes.
Reconociendo la situación de vulnerabilidad que enfrenta gran parte de estas personas, la legislación también establece que los antecedentes penales no deben representar un obstáculo para el acceso al empleo.
Desafíos actuales y obstáculos a la igualdad
A pesar de los avances significativos, la Constitución Federal de Argentina aún no contiene una prohibición explícita y generalizada de la discriminación contra personas LGBTQIA+.
La ausencia de una ley a nivel nacional que abarque todos los sectores políticos y sociales dificulta la protección igualitaria de los miembros de la comunidad distribuidos en el país, por ejemplo, al ingresar a escuelas o al realizar procesos burocráticos como alquilar o comprar propiedades.
La violencia es otro aspecto preocupante para los argentinos. En 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ de Argentina registró 133 delitos en los que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima fueron utilizadas como pretexto para los ataques. El índice actual muestra un aumento en comparación con los datos de 2022 y 2021.
Entre las víctimas, el 89% son mujeres trans y casi el 30% tienen entre 30 y 39 años. En la mayoría de los casos, los autores son agentes del Estado, y el derecho a la vida es el más afectado.
Para los grupos LGBTQIA+ argentinos, como la FALGBT, los derechos de la comunidad también enfrentan presiones debido a la postura adoptada por el actual presidente, Javier Milei.
Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo en el gobierno; reemplazó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad; y cerró las actividades del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), indicando que el Ministerio de Justicia asumiría sus funciones.
Mientras el gobierno afirma que estas medidas forman parte de un plan para reducir el gasto público y controlar la situación económica del país, especialistas señalan que las acciones del presidente argentino podrían intensificar los ataques discriminatorios y violentos contra la población LGBTQIA+.
El liderazgo de Argentina en América Latina y el mundo
Diversos estudios apuntan a una relación directa entre el marco legal adoptado por cada país y los niveles de seguridad, respeto y calidad de vida experimentados por la comunidad LGBTQIA+ que reside en él. Combinando un número considerable de reconocimientos institucionales y demandas sociales, Argentina se destaca en los panoramas regional y mundial.
En el Equality Index, encargado de medir la situación de derechos, leyes y libertades LGBTQIA+ en el mundo, Argentina ocupa actualmente el 19° lugar, con 74 de 100 puntos. El país es considerado el cuarto más igualitario de América Latina, solo por detrás de Chile, Brasil y Cuba.
Otro pilar crucial para la resistencia de los derechos LGBTQIA+ en el país son las constantes movilizaciones impulsadas y organizadas por ONGs y activistas. Buscando apoyo de varios segmentos de la sociedad, estas fuerzas combinan estrategias legales, campañas de sensibilización y acciones directas para seguir promoviendo cambios.
Para el futuro, hay perspectivas positivas. En una encuesta pública realizada por la Universidad de San Andrés en mayo de este año, el 72% de los argentinos entrevistados dijeron estar a favor del matrimonio igualitario, y el 70% afirmó apoyar políticas que protejan a las personas transgénero de la discriminación.
Además, el 75% afirmó no considerar la transexualidad una enfermedad y el 79% dijo considerar la educación sexual en las escuelas como una práctica positiva.
¿Lograste comprender más sobre la importancia de los derechos LGBTQIA+ y su trayectoria en Argentina? ¡Cuéntanos tu opinión en los comentarios!
Referencias:
NETO, Clarindo Epaminondas de Sá. O Acesso à Justiça e o Direito à Diversidade Sexual, de Gênero e Sexualidade: da Argentina ao Brasil. Revista Includere, v. 1, n. 1, p. 159-169, 2015.
POUSADELA, Inês M. From Embarrassing Objects to Subjects of Rights: The Argentine LGBT Movement and the Equal Marriage and Gender Identity Laws. Development in Practice, vol. 43, n. ⅚, 2013.
API – In progressive Argentina, the LGBTQ+ community says President Milei has turned back the clock
Equaldex – LGBT Rights in Argentina
Federación Argentina LGBT – Observatorio de Crimenes de Odio LGBT+
ILGA World Database – LGBT Rights in Argentina
Outras Palavras – Ser LGBTI+ na América Latina: breve balanço
